La votación resultó favorable: 63 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones. Sin embargo, uno de los artículos clave —el número 28, que permite reclamaciones judiciales sobre derechos afectados por sistemas de IA— no alcanzó el quórum necesario, por lo que el texto regresará a la Comisión de Futuro para su análisis particular
Más que una norma aislada, este proyecto —uno de los pilares del gobierno del Presidente Gabriel Boric en materia de innovación— busca equilibrar dos ejes: proteger derechos fundamentales y al mismo tiempo fomentar el desarrollo tecnológico local. Contiene 31 artículos y tres disposiciones transitorias que:
Crean un marco ético-jurídico sobre desarrollo, distribución, comercialización y uso de sistemas de IA.
Clasifican dichos sistemas en cuatro niveles de riesgo: inaceptable, alto, limitado y sin riesgo evidente.
Establecen principios rectores como transparencia, explicabilidad, equidad, ciberseguridad, supervisión humana y protección de datos.
Plantean la creación de un Consejo Asesor Técnico de IA y delegan la fiscalización y cumplimiento a la Agencia de Protección de Datos Personales, con sanciones que alcanzan hasta 20 mil UTM Wikipedia+1.
Aunque el proyecto los enumera, no define exhaustivamente cada categoría. En general:
Inaceptable: sistemas cuyos usos podrían vulnerar derechos humanos, como vigilancia masiva sin base legal o manipulación subliminal.
Alto: aplicaciones con fuerte impacto potencial —por ejemplo, IA en decisiones crediticias o diagnósticos clínicos— que requieren control riguroso.
Limitado: sistemas con menos potencial de daño, pero que aún exigen transparencia y supervisión.
Sin riesgo evidente: herramientas sin impacto directo en derechos o decisiones críticas. Aun así, deben respetar principios éticos básicos.
Este esquema busca asegurar que la regulación sea proporcional al impacto real de cada tecnología, evitando una regulación innecesariamente gravosa o demasiado laxa.
Desde el oficialismo, figuras como Helia Molina (PPD), Jaime Sáez (FA) y Juan Santana (PS) destacaron la oportunidad de convertir a Chile en pionero regional en regulación de IA. Resaltaron que el proyecto adopta estándares internacionales relevantes y crea una institucionalidad sólida para la fiscalización Wikipedia.
Por otro lado, la oposición —representada por diputados como Francisco Undurraga (Evópoli), Marta Bravo (UDI), Diego Schalper y Paula Labra (ambos RN)— alertó sobre el riesgo de sobrerregular, la falta de adaptación a la realidad chilena y la copia de modelos europeos sin contextualización local. Undurraga fue contundente: “Legislar no es copiar y pegar”
El proyecto regresará a la Comisión de Futuro, donde se revisarán artículos clave y se considerarán indicaciones, especialmente sobre la figura del Consejo Asesor Técnico y el artículo 28. En paralelo, la Comisión de Hacienda revisará impactos presupuestarios asociados, como cargos nuevos en el Ministerio de Ciencia. Luego, de avanzar, llegará al Senado —donde podría consolidarse como ley antes de 2026 o requerir negociaciones más profundas.
Chile está en un momento decisivo: podría convertirse en referente en América Latina en regulación de IA. Pero el desafío es mayor que simplemente aprobar una norma. Debe garantizarse que la regulación sea efectiva, proporcional y adaptada a las capacidades del país. Solo así se fomentará el desarrollo tecnológico sin descuidar los derechos ciudadanos.
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- https://www.df.cl/df-lab/tech-negocios/camara-de-diputados-aprueba-en-general-proyecto-de-ley-de-ia-del-ejecutivo
- https://iapp.org/news/a/contin-a-la-tramitaci-n-del-proyecto-de-ley-sobre-ia-en-chile